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[Columna de Opinión @pallards] “Después de la Teletón”

Teletón Don Francisco

Este fin de semana nuevamente los medios de comunicación y miles de chilenos nos movilizamos para apoyar a la Fundación Teletón, enfocada en la rehabilitación de niños discapacitados. Más allá de la emotiva campaña, el evento visibiliza y pone en agenda una de las mayores barreras que nos quedan para ser un país más equitativo e integrado: la tremenda segregación física que miles de ciudadanos viven al enfrentarse a edificios, espacios públicos y servicios que no están diseñados para ser inclusivos y accesibles.

Si bien Chile ratificó el 2008 el compromiso y protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hasta hoy todavía estamos al debe en la mayoría de nuestros edificios y ciudades. Pese a que el 2010 se crea la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y que el 2013 se publica la Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad -que toma como uno de sus objetivos la accesibilidad universal, donde el Estado es el que debe promover la creación de estrategias y acciones que incentiven el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, transporte, información y comunicaciones-, a la fecha, aún son pocas las señales respecto a su aplicación en el medio construido.

A modo de ejemplo, de las cerca de 40 escuelas de arquitectura que hay en Chile, sólo una dicta un curso de diseño de accesibilidad universal; la mayoría de las oficinas de arquitectos y equipos municipales ignoran las normas, recomendaciones y manuales de diseño de accesibilidad universal; para algunas inmobiliarias y constructoras las puertas anchas y ascensores encarecen los proyectos; las rampas -cuando existen- parecen toboganes, y lo que es más dramático, diariamente se viola la demarcación de estacionamientos exclusivos con total impunidad. Aquí subyace una de nuestras principales contradicciones como país, lloramos con la Teletón y adherimos a estándares del primer mundo, pero mantenemos prácticas y actitudes tercermundistas sin ninguna voluntad por entender que la accesibilidad nos beneficia a todos y no es un acto de caridad o un gasto extra.

Parafraseando al arquitecto español Enrique Rovira-Beleta: tenemos que dejar de diseñar ciudades accesibles pensando sólo en los ciegos y considerar el creciente número de distraídos (por el uso de Smartphones); dejar de pensar en los sordos y diseñar también para los extranjeros; y dejar de focalizarse sólo en los discapacitados y ampliar el concepto de accesibilidad a ancianos, embarazadas, coches de guagua, obesos y todos quienes también tienen el derecho a una vida independiente y accesible.

En un momento en que el gobierno debe implementar la nueva ley, coordinar con el Minvu las nuevas normativas, difundir entre arquitectos y municipios los reglamentos para ser aplicados y fiscalizados, resulta grave que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en lugar de potenciar y empoderar su Departamento de Accesibilidad, desde marzo de este año lo haya descabezado, dejándolo al alero del Departamento de Inclusión Laboral, que no tiene nada que ver con lo anterior. Un gobierno que se ufana de promover la equidad no puede cerrar esta puerta, menos ahora después de la Teletón.

Fuente: Columna Opinión de Pablo Allard en La Tercera

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