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75% de edificios públicos no cumple con estándares de accesibilidad para discapacitados

Autoridades regionales junto a personas con discapacidad en la Intendencia Regional.

20 de enero de 2014

De acuerdo a los criterios de la ONU, 138 edificios públicos cumplen totalmente con los criterios de accesibilidad.

De las 740 construcciones evaluadas en todo el país, solo un 19% acata las normativas internacionales y un 6% aún requiere “ajustes menores”.

Utilizando criterios internacionales recomendados por la Organización de Naciones Unidas, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), reveló que 546 edificios públicos de todo el país -de un total de 740 evaluados- no cumplen con estándares de completa accesibilidad para personas discapacitadas. En ese sentido, solo 138 construcciones satisfacen la evaluación, y 44 requieren ajustes para garantizar el acceso universal.

Este catastro de accesibilidad fue realizado durante 2013, cuando el servicio distribuyó en 740 edificios públicos del país la ficha IDA (Ficha de Informe de Accesibilidad), un instrumento de auto evaluación que considera si toda la cuadra adyacente a la construcción pública tiene desniveles para ingresar, si hay estacionamientos señalizados, que en los pasillos no existan desniveles, y que los baños para personas discapacitadas no estén con llave.

Actualmente, la normativa de accesibilidad para las edificaciones está regida por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo criterios básicos, como la disponibilidad de rampas, desniveles y servicios higiénicos. En base a esa legislación, a la fecha, el 68% de los edificios cumple con esos requisitos mínimos.

El objetivo del Senadis es que la Ordenanza General se modifique con los conceptos que tiene la ficha. “Hoy está en Contraloría el decreto del Ministerio de Vivienda que trabajamos nosotros. La ordenanza se modifica e incorpora estos cuatro criterios que son mucho mas exigentes, equiparándonos con los países desarrollados en este tema”, señala la directora nacional de la entidad, María Ximena Rivas.

En lo que respecta a la falta de accesos en los edificios públicos, el Senadis no tiene facultad legal para fiscalizar, pero según Rivas “la ley permite que cualquier persona denuncie en el juzgado de policía local al dueño del edificio o al arquitecto que lo diseñó. Falta un tema de empoderamiento de las personas de ejercer esa facultad que tienen”, afirma.

Fuente: Ignacio Araya Chanqueo, El Mercurio.

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