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El desafío de la plena integración

Fuente: Diario La Tercera, Edición Especial

Es una condición que vive parte importante de la población nacional, y se estima que la gran mayoría de los chilenos la deberemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas. Es por esto que la discapacidad no debe dejar a nadie indiferente, de ahí el trabajo de las autoridades por avanzar hacia la plena integración y la mayor accesibilidad de estas personas.

Según cifras del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), en Chile las personas con discapacidad representan el 12,9% de la población total, es decir, una de cada ocho personas vive con esta condición.

De este modo, de la población total del país, 1.150.133 de personas, es decir 7,2%, presenta un grado leve de discapacidad; 513.997 personas, 3,2%, un grado moderado y 403.942, es decir 2,5%, un grado severo de discapacidad.

De hecho, “estimamos que en Chile, 1.549.342 hogares, es decir uno de cada tres, presenta al menos un miembro con discapacidad, lo que representa el 34.6% de los hogares del país”, señala Oscar Mellado, director nacional (s) de Senadis.

Dado que se trata de una condición que vive parte importante de la población nacional el Senadis ha estado creando y promoviendo mayores y mejores oportunidades que permitan avanzar hacia una cultura más inclusiva.

Normas sobre igualdad

En el año 2010 se dictó la Ley 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad cuyo objetivo es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en su discapacidad.

“El nuevo cuerpo legal, a diferencia de su antecesor, la Ley 19.284 de 1994, incorpora los principios de vida independiente, accesibilidad universal-diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social”, destaca Oscar Mellado.

Asimismo, la Ley se hace cargo de la nueva realidad social que enfrentan las personas con discapacidad, recoge los nuevos paradigmas que se han ido construyendo a nivel internacional y da cumplimiento a la obligación de Chile de adecuar progresivamente su legislación interna a los nuevos estándares definidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Por otra parte, la nueva legislación vino a crear el Servicio Nacional de la Discapacidad como nueva institucionalidad pública que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con

discapacidad. “Este nuevo servicio público tiene como propósito velar por los derechos de las personas con discapacidad en forma integral, lo que significa asumir un rol de coordinación intersectorial y asesoría técnica, tanto a nivel público como privado”,
sostiene el director nacional (s) de Senadis.

Principales avances

Puesto que la Ley 20.422 se basa en en el principio de accesibilidad universal, se cambia la visión de eliminar una barrera del entorno a través de un rampa e incorpora la variable del diseño universal, con el fin de entregar autonomía y participación activa de
las personas con discapacidad.

“La accesibilidad en los entornos abarca los espacios construidos, incluyendo toda edificación pública, espacios urbanos, paseos, parques y plazas, áreas silvestres, accesos a medios de transporte, entre muchos temas. También impacta directamente en la inclusión escolar y universitaria, en la inclusión laboral o en la posibilidad de realizar turismo accesible”, explica Andrea Boudeguer, jefa del Departamento de Accesibilidad de Senadis.

Y aunque se han generado avances, la realidad en Chile continúa siendo dispar. “En centros urbanos las mejoras son notorias, no así en la periferia de y zonas rurales donde aún las rutas accesibles no son incorporadas”, agrega la profesional.

Por este motivo, Senadis está trabajando fuertemente con diversos organismos, públicos y privados, para incorporar la variable accesible en forma estructural. Por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, se está desarrollando y ejecutando el Plan de Playas Accesibles. Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo promulgó el Decreto Supremo 49, que aumenta el subsidio a 80UF a viviendas orientadas a personas con discapacidad física y entrega las características técnicas de una vivienda social accesible.

Por su parte, Metro S.A. está ejecutando el Plan de Accesibilidad para las estaciones construidas y tiene como meta para el 2014 habilitar toda la red de Metro Accesible.

Transantiago también lleva adelante un estudio para realizar el primer Diagnóstico de Accesibilidad para evaluar la implementación realizada y efectuar propuestas de mejoras concretas.

“A nivel regional, además, estamos trabajando con los municipios para llevar a cabo proyectos accesibles en espacios públicos y a través de los Gobiernos Regionales”, agrega Andrea Boudeguer.

En este sentido, Senadis, en conjunto con Ciudad Accesible, lideran la Campaña de Estacionamientos, ejecutada en las 15 regiones, que ha permitido que Carabineros e Inspectores Municipales aumenten su fiscalización. Asimismo, se han conformando Mesas de Accesibilidad Regional para realizar la coordinación de acciones entre los diferentes actores regionales, apoyados por una serie de capacitaciones. A la fecha se han capacitado a 1300 profesionales de Santiago y regiones en estas materias.

Por otro lado, en temas de fiscalización, Senadis está liderando el primer levantamiento de información de accesibilidad de edificios públicos, a través de un Informe de Diagnósticos de Accesibilidad, Ficha IDA Entornos, cuyos resultados estarán este año.

“El desafío es demostrar que con la accesibilidad nos beneficiamos todos, ya que todos somos potenciales usuarios con movilidad reducida y que tanto escuelas de arquitectura y diseño como los arquitectos, incorporen la variable como una materia obligatoria en su profesión, entendiendo que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que es el entorno el que produce la discapacidad, ya que no permite a la persona realizar la actividad para la cual está concebido, por lo tanto éstos deben ser los primeros en lograr romper la tendencia y participar activamente de la inclusión”, enfatiza Andrea Boudeguer.

Distribución de la discapacidad

Sexo, edad y territorio son algunos de los criterios empleados por Senadis para visualizar la situación de discapacidad en el país.

De este modo, según el área de ubicación, se estima que en las zonas urbanas se concentra el 83,8% de las personas que están en situación de discapacitados y en las zonas rurales el 16,2%.

En cuanto a la distribución por edad, las personas con discapacidad menores de 14 años corresponden a 117.453, de las cuales sólo 22.730 son niños de entre 0 y 6 años.
También, es posible apreciar que el 50.9%, de las personas con discapacidad, 1.054.014, se encuentran en edad adulta (entre 30 y 64 años) y que el 85.4% de la población discapacitada en chile, 1.779.325 personas, tiene más de 29 años.

Finalmente, la distribución por sexo presenta una gran diferencia a nivel nacional. Así, mientras que a nivel general de la población el 50.5% son mujeres y el 49.5% hombres, en la población con discapacidad el 58.2% corresponde a mujeres y sólo el 41.8% a varones que viven con discapacidad. Esto es equivalente a 1.204.576 mujeres y 863.496 hombres.

Accesibilidad y tecnologías de información

Este binomio se asocia generalmente a la posibilidad que tienen las personas con discapacidad de acceder a internet, sin embargo, la accesibilidad no se limita sólo al acceso y uso de la Web, sino que a toda tecnología de información y comunicación que permita a una persona con discapacidad hacer uso, como cualquier persona, de un dispositivo móvil, Ipad, PC, GPS, televisión digital, etc.

Es sabido que el uso de nuevas tecnologías de información es un elemento que permite a cualquier persona, independiente de su discapacidad, acercarse y acceder a un mundo de información, aprendizaje, comunicación y transacciones, por nombrar alguno sus usos y beneficios. Sin embargo, las ventajas que trae consigo el uso de estas tecnologías muchas veces no está al alcance de personas de escasos recursos, no tan sólo por no poder acceder a computadores e internet, sino que por no tener las competencias para usarla. De esta forma la diferencia entre quienes tienen acceso a nuevas tecnologías y quienes no pueden acceder a ellas es lo que se conoce como brecha digital.

Sin embargo, en el contexto de personas con discapacidad, la brecha digital se torna más compleja, “ya que para que ellas tengan la posibilidad de disfrutar de los beneficios del uso de las TICs ya no basta con que una persona cuente, por ejemplo, con un computador y acceso a internet, sino que requiere que fabricantes, desarrolladores, gobiernos, centros de investigación, emprendedores y prácticamente todos quienes de alguna manera generan, impulsan e implementan nuevas tecnologías lo hagan de una forma accesible para todos, independiente de la capacidad o discapacidad que se tenga”, señala Andrea Boudeguer, jefa del Departamento de Accesibilidad de Senadis.

Por ejemplo, algunos Estados, en su mayoría desarrollados, cuentan con normativas que hacen exigible el cumplimiento de estándares mediante leyes y decretos. Las empresas, por su parte, desarrollan tecnología que incluyen un componente de accesibilidad en sus sistemas, como los módulos de accesibilidad de Windows, Android y iPhone. “Todos estos sistemas, de alguna manera u otra, permiten a usuarios con discapacidad, acceder y usar esta tecnología”, destaca Andrea Boudeguer.

Sin embargo, la accesibilidad no es tan sólo un tema de principios y conciencia social, sino que además es un tema de mercado. “Desarrollar tecnologías no accesibles discriminan a aproximadamente un 10% de sus usuarios (las tasas de discapacidad a nivel mundial, fluctúan dentro de este porcentaje). Según esto, es difícil explicar las razones de la ausencia del componente de accesibilidad de proyectos de desarrollo o investigación en nuevas TICs”, agrega la profesional.

Hoy en Chile no hay disponible cifras respecto de la accesibilidad de tecnologías en ningún ámbito donde éstas se encuentran presente. Por esto, algunas preguntas en las que hoy Senadis se encuentra trabajando para poder responder a la comunidad, son, por ejemplo, ¿cuántos sitios del Estado de Chile cumplen con normas básicas de accesibilidad?, ¿cuántas personas son discriminadas hoy a acceder a información del Estado vía Web?, ¿qué tan lejos estamos de tener sitios accesibles en el Estado?, ¿a qué costo? Así, por ahora Senadis está asesorando la accesibilidad de sitios como Chile Atiende, Enlaces y otros que presentan una alta tasa de visitas.

Asimismo, “el área de Accesibilidad TICs de Senadis se encuentra trabajando con diferentes instituciones, para incorporar la variable de accesibilidad en las distintas iniciativas que benefician a la población. Por ejemplo, en conjunto con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, se está impulsando el uso del proyecto Alerta Hogar, proyecto que permitirá a cualquier persona, independiente de su discapacidad, utilizar su celular para activar una alarma de alerta. Esta alarma activará mensajes en su facebook, twitter y enviará un mensaje de texto vía celular a Carabineros de Chile, Seguridad Ciudadana de su municipio y a cinco contactos para que asistan en forman inmediata el hogar de la víctima”, explica la jefa del Departamento de Accesibilidad.

Dentro de las instancias de participación ciudadana, Senadis también ha convocado a mesas de trabajo con la comunidad de personas sordas, donde está avanzando en la salida al mercado de planes de telefonía móvil que sean intensivos en mensajería de texto. “Para muchos no se justifica contratar planes con voz, ya que la comunidad de personas sordas sólo utilizan mensajería de texto. No se trata de hacer planes exclusivos para personas con discapacidad auditiva, sino que buscar la forma de que paguen por lo que realmente utilicen”, enfatiza la profesional.

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